Seguros

 

LA INSEGURIDAD DEL MERCADO ASEGURADOR

No existe en la Argentina una institución que garantice el pago de las pólizas por parte de las compañías aseguradoras. Esto no significa que desaparezca junto con ellas la responsabilidad de sus asegurados abandonados. En efecto miles de personas que al momento del siniestro se encontraban con la póliza en plena vigencia, son intimados a posteriori por terceros. Dentro del plazo previsto. O antes que prescriba la acción judicial, se encuentran con que deben afrontar el pago de miles de pesos, sin posibilidad de citar la garantía de su ex compañía de seguro, ante los Tribunales. Ya no lo tienen como tercero en garantía, a pesar que le abonaban puntualmente la prima. En síntesis, si una aseguradora quiebra, los consumidores o clientes difícilmente escaparán de tener que responder al siniestro con sus propios bienes.
La Superintendencia de Seguros de la Nación, estableció que cada compañía atesore una parte de la facturación para pagar siniestros.
Por eso advertimos: la póliza barata contratada hoy puede originar un reclamo que será conocido por el asegurado recién dentro de varios años, cuando su aseguradora se encuentre sin un peso, en liquidación o intervenida.

La falta de libertad de elección en el asegurado, se demuestra en los planes de ahorro para adquirir automotores a través de las administradoras o entidades bancarias. En ellas el suscriptor es un consumidor cautivo de las compañías de seguro elegidas por las empresas. Esto se revirtió con la Resolución 9/2002 de la IGJ, donde el asegurado puede buscar por fuera un presupuesto oficial similar al que tiene, obligando a la empresa a igualar el monto a pagar del seguro.

Una práctica abusiva es el denominado valor de reposición, que significa poder cubrir el valor asegurado según la tarifa de plaza del bien, en lugar de reintegrar el valor real nominal asegurado. Tenga en cuenta que las compañías acostumbran solicitar a los asegurados que endosen sus pólizas por un monto de reintegro cada vez menor, para no demorarles su liquidación y no tener ellos que iniciar juicio para su cobro, en una acción práctica de chantaje.

En los planes de seguro, típicos contratos prefabricados, se incluyen cláusulas abusivas, por ejemplo: son aquellas que predisponen prórrogas de competencia o jurisdicción, y en especial, aquellas que limitan garantías en relación a la responsabilidad civil, especialmente por costas. Todo ello en franca infracción a los Artículos 109, 110 y 111 de la Ley de Seguros.

La Superintendencia de Seguros de la Nación es el órgano que debe vigilar las condiciones generales de las pólizas. Que sean claras, legibles y equitativas, esta es una obligación legal. De no ser así no se estaría cumpliendo con las prerrogativas del artículo 25 de la Ley 20.091, que exige a la Superintendencia la legitimidad y la equidad en el control de las cláusulas predispuestas por las propias empresas que están bajo su tutela.

LOS CONFLICTOS MAS COMUNES

La prestación de servicios, en general, es materia de competencia y tutela por parte de la Ley de Defensa del Consumidor N° 24.240. Uno de ellos, obviamente, se refiere a la actividad del seguro.
Hay diversos motivos de incumplimiento relacionados con los seguros, básicamente de automotor, y versando fundamentalmente sobre:

Desconocimiento del tenor de las pólizas por parte del consumidor, cuando éste adquiere un vehículo financiado y el seguro lo contrata directamente la agencia o el banco que financia. Se contrata por cuenta y orden del adquirente un seguro de vida y un seguro contra terceros (en general), sobre el automotor. Pero rara vez se le entrega al consumidor la póliza o el certificado respectivo. Esto implica que el asegurado desconozca el monto del seguro, las condiciones de emisión, las carencias o ausencias de cobertura.

Otro tema recurrente es sobre las diferencias existentes entre el monto asegurado, y lo que abona efectivamente la compañía en caso de siniestro. Toda vez que por la Ley de Seguros se habilita a las compañías a cubrir un siniestro al valor del bien en el mercado en el momento que ocurre, sucede muchas veces que el monto nominal asegurado es sensiblemente superior; y obviamente la póliza que se emite y el costo del premio se corresponden con ese valor que es abonado por el asegurado. Si bien el asegurado puede solicitar el “endoso” de la póliza con la finalidad de ajustar el valor del premio a cada reajuste por depreciación del bien, ésta información rara vez llega al consumidor.

Por último, hay incumplimientos en general, tales como: demora en el pago de los siniestros; problemas de configuración de la cláusula “destrucción total”; imposibilidad de pago por quiebra, etc.

ADVERTENCIAS PARA SUSCRIBIR UNA POLIZA

Consulte siempre en varias compañías antes de decidirse por una.

Exija que la póliza de seguro se realice por escrito y que le entreguen una copia completa con todas las condiciones.

Tanto las condiciones generales de contratación como las particulares deben ser legibles y comprensibles.

La letra pequeña y la exclusión de la indemnización, en muchos casos son los puntos más importantes.

En caso de siniestro, debe comunicárselo a la aseguradora en el plazo de tres días, así como todas las circunstancias que modifiquen el riesgo.

Guarde toda la documentación de su seguro, contrato, cláusulas, recibos e incluso la publicidad, pueden serle muy útil en una reclamación. La publicidad vincula a la Entidad Aseguradora.

Procure evitar tener dos seguros sobre el mismo bien, ya que ello se encuentra expresamente vedado por la Ley de Seguros.

Entérese bien cuales bonificaciones le corresponden por no tener siniestros durante un tiempo determinado y certifique que consten por escrito en su contrato.

Lea detenidamente el lista de exclusiones de su seguro, para conocer exactamente el alcance de la cobertura; no espere a que se produzca el siniestro.

Tenga cuidado con las cláusulas que prorrogan automáticamente un contrato de duración determinada si el consumidor no se manifiesta en contra, cuando se ha fijado una fecha limite demasiado lejana para que el consumidor se acuerde. Y también con las que autorizan a la compañía actuante la posibilidad de rescindir o modificar el contrato unilateralmente.

CONTROL ADMINISTRATIVO

El contrato de seguro es celebrado por la simple adhesión a condiciones generales predispuestas. La autoridad de control (Superintendencia de Seguros de la Nación) debe fiscalizar la legitimidad, la equidad, la claridad y la legibilidad de las cláusulas predispuestas por los aseguradores (artículos 23 y 24, Ley 20.091 y artículo 11, Ley 17.418).
A partir de la sanción de la Ley 24.240 (Ley de Defensa del Consumidor) se ha acentuado el control del contenido de las condiciones predispuestas de póliza. Ello, en razón de que la autoridad de aplicación de la Ley 24.240 (Secretaría de Industria y Comercio) se halla legitimada para requerir, de oficio o a pedido de parte, a la Superintendencia de Seguro de la Nación la modificación de las pólizas que contengan cláusulas abusivas (artículos 39 y 43, incisos a, c, d, e y f de la Ley 24.240.

CONTROL JUDICIAL

El control judicial coexiste con el control administrativo. A partir de la sanción de la Ley 24.240 el juez dispone de dos supuestos de cláusulas de nulidad manifiesta y dos estándares abiertos que atrapan en su formulación absolutamente todas las hipótesis de cláusulas abusivas que no han sido enunciadas taxativamente.

CAUSISTICA

Al solo título indicativo son abusivas las siguientes cláusulas:

La que establezca la competencia de la prórroga territorial.

La que amplíe los supuestos de delimitación causal subjetiva del riesgo (artículos 70, 114 y 158 de la Ley de Seguros)

La que consagre la inversión de la carga de la prueba.

La que limite la garantía por costas en infracción a los artículos 109, 110 y 111 de la Ley de Seguros.

La que consagre la abreviación convencional de la prescripción.

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

La Superintendencia de Seguros de la Nación hace responsable al Estado por los daños y perjuicios que sufran los asegurados por la omisión o ejercicio insuficiente o desviado del poder de policía que pone a su cargo la Ley 20.091.

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